Abogados se amparan ante secretaria del trabajo

Carmen

Por: Redacción

25 de Noviembre de 2022 a las 19:09

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Abogados carmelitas han presentado 3 amparos indirectos en contra del cierre de la Junta Especial número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, buscan que un juez federal ordene que la dependencia siga en Ciudad del Carmen hasta concluir los 5 mil expedientes rezagados, aseguran que esto ya sucedió en el estado de Durango por lo tanto hay una gran posibilidad de que se gane el litigio y se obligue a Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) a cambiar su decisión.
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De acuerdo con los acuerdos publicados en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se han presentado tres juicios de amparo indirecto con números de expediente 952/2022, 984/2022 y 988/2022 en contra de la STPS y la orden de llevarse los expedientes a la Junta Especial número 48 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en San Francisco de Campeche, señalando las inconsistencias de dicha orden, la afectaciones económicas a los obreros y el perjuicio al derecho de un debido proceso.

Los abogados carmelitas señalan que tienen la certeza de que el juez José Elías Pacheco Martínez, titular del Juzgado Tercero de Distrito les otorgue los amparos ya que hay jurisprudencia que lo respalda, mostraron el amparo 1413/2022 que otorgó Iván Francisco Rodríguez Zamarripa titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Durango, quien ordenó paralizar cualquier orden relativa a la conclusión de funciones de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Durango, Durango

Indicando: Estado Mexicano se encuentra obligado a asegurar una correcta y funcional administración de justicia, para la efectiva protección de los derechos de las personas. De ahí la necesidad de que las decisiones que tome el Estado, sean capaces de garantizar el eficaz funcionamiento de sus tribunales o procedimientos formales, brindando a los justiciables, la posibilidad real de acudir a ellos, sin limitantes físicas o materiales, en aras de la protección del derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, de manera que se inste a la autoridad competente a la emisión de las decisiones correspondientes.

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